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Aprobada la refoma contra la ley contra la morosidad
La aprobación de esta reforma de ley elimina la posibilidad de pactar aplazamientos de los pagos

EUROPA PRESS

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, con un periodo "de adaptación" en ambos casos que se extenderá hasta 2013.

Asimismo, los grupos parlamentarios alcanzaron un acuerdo en el último momento para eliminar la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley, el famoso "pacto en contrario" con el voto en contra del PSOE.

PSOE DEFIENDE "DERECHO A PACTAR"

Los socialistas proponían que esta posibilidad se mantenga para los contratos entre compañías con facturación mayor de 100 millones de euros, de manera que se garantice la protección de las pequeñas empresas estableciendo los umbrales de facturación y evitar el gracaso de la medida, si bien tenía el rechazo del resto de la oposición.

CiU, por su parte, argumentó durante el debate que el acuerdo con el PSOE fija un periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo, que se extiende hasta 2013, con una escala de 50 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el uno de enero de 2013.

En el caso de las empresas privadas, y exceptuando el sector de la alimentación y los productos perecederos --que quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos-- el período transitorio también se extiende hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector público.

ACCIONES COLECTIVAS Y OBSERVATORIO ESTATAL

El PSOE pactó con CiU que los acreedores puedan reclamar indemnizaciones por los costes de cobro vía reclamación judicial o financiera, con un límite del 15% para deudas superiores a 30.000 euros. Asimismo, se legitima a los proveedores para ejercer acciones colectivas contra las empresas que incumplan de "manera habitual" con los plazos de pago.

También destaca la declaración como nula de todas las cláusulas de los contratas que contravengan lo dispuesto en la ley o sean considerada como "abusivas". Asimismo, se articulará un nuevo procedimiento judicial de reclamación en el caso de las administraciones públicas, así como de un observatorio de morosidad dependiente del ministerio de Industria.
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